BALTASAR DIAZ-GUERRA LOPEZ, Procurador de los Tribunales

Noticias - Actualidad del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

Teatro Figaro (02/12/2011)

DOMINGO, 8 DE ENERO, A LAS 12.00 H.

TEATRO FÍGARO, Calle Doctor Cortezo, 5

PRECIO ENTRADAS: 10 euros, en butaca de patio (descuento del 35%), hasta agotar disponibilidad.

Debido al éxito obtenido en la venta de las entradas de la primera remesa, hemos decidido organizar una segunda fecha para la asistencia al espectáculo. Así el domingo 8 de enero, último día de las vacaciones de Navidad, los más pequeños podrán despedirse de las fiestas disfrutando con la Cenicienta, el musical basado en el conocido cuento de Charles Perrault.

Presupuesto para la justicia madrileña 2012 (29/11/2011)

La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, compareció en la Asamblea de Madrid para explicar los presupuestos de su departamento para el año 2012, unas cuentas que ella misma calificó como coherentes y responsables ante la actual situación económica, ya que no afectará a servicios esenciales pero si contempla importantes medidas de ajuste para reducir los gastos generales.

De esta forma, la responsable regional expuso que el presupuesto global para el próximo año en el área que dirige será de 719,7 millones de euros, un 2,97% menos que el año 2011. En el caso concreto de Justicia, se llegará a incrementar su presupuesto en cerca de medio millón de euros hasta alcanzar los 362,4 millones. Esta partida refleja un importante compromiso para modernizar este servicio, así como para mantener el empleo público, aumentando incluso el gasto destinado al personal un 6,5%. Hay que tener en cuenta que en la Administración de Justicia trabajan 6.764 empleados públicos repartidos entre más de 528 órganos judiciales.

El gobierno regional de Madrid quiere devolver las competencias de Justicia al Estado (17/10/2011)

La Presidenta del Gobierno Regional de Madrid, Esperanza Aguirre, tiene previsto iniciar los trámites de una Proposición no de Ley para devolver las competencias de Justicia a la Administración Central y así lo manifestó ante el Pleno de la Asamblea Regional.

Su argumento central es que la duplicidad de competencias entre el Estado y el Gobierno Regional no ha aportado beneficio alguno en esta materia, a pesar del esfuerzo realizado por su departamento invirtiendo un 2,2% del presupuesto en Justicia, que es el más alto de todas las Comunidades que tienen competencias transferidas en esta materia.

En el mismo sentido resaltó que la plantilla de funcionarios se había incrementado un 35%, con 1770 nuevos, dando una ratio de 9,97 funcionarios por cada juez y alcanzando así la cifra más alta de toda España.

Frente a esta propuesta, el Portavoz de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo, ha afirmado que no es el momento, aunque sí se dialogará sobre esta cuestión.

Novedades Legislativas (12/10/2011)

El Boletín Oficial del Estado (BOE), en su nº 245, de fecha 11 de octubre de 2011, publica las siguientes Leyes:

-Ley 37/2011, de 10 de octubre, de MEDIDAS DE AGILIZACION PROCESAL que entrará en vigor a los veinte días de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado.

-Ley 36/2011, de 10 de octubre, REGULADORA DE LA JURISDICCION SOCIAL que entrará en vigor a los dos meses de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado.
Se exceptúa del plazo previsto la atribución competencial contenida en las letras o) y s) del artículo 2 en materia de prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, cuya entrada en vigor se fijará en una ulterior Ley, cuyo Proyecto deberá remitir el Gobierno a las Cortes Generales en el plazo de tres años.
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-Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, CONCURSAL que entrará en vigor el 1 de enero de 2012. No obstante, los apartados uno (artículo 5 bis de la Ley Concursal), diez (artículo 15 de la Ley Concursal), cincuenta (artículo 71.6 y 7 de la Ley Concursal), cincuenta y siete (artículo 84.2.11º exclusivamente), sesenta y dos (artículo 91.6º exclusivamente) y ciento doce (disposición adicional cuarta de la Ley Concursal) del artículo único de esta Ley entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Los procuradores recurren el auto de T.S. que reduce sus derechos arancelarios.(07/10/2011)

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha de diecinueve de julio pasado y notificado el 21 del mismo mes, dictó un auto (Recurso Nº. 3337/2007) por el que rebaja los derechos del procurador en Tasación de Costas, limitando así sus derechos económicos fijados en Arancel, con la disculpa de considerarlos "exorbitados” y escudándose, sobre todo , en el Real decreto Ley 5/2010 de 31 de marzo que, según su criterio, introduce el principio de proporcionalidad como límite al arancel de los procuradores. La resolución, apoyada por tres de los cinco miembros del Tribunal, contó con dos votos en contra, además de un Voto Particular a cargo del Presidente de la Sala Tercera del citada Sección.

En relación a esta importante cuestión para la profesión y compartiendo la sólida argumentación del Voto Particular, el Consejo General de Procuradores y el Colegio de Madrid, han emprendido las acciones legales pertinentes , comenzando por la presentación de un incidente de nulidad de actuaciones. Así y tras afirmar que lo respetan pero que no lo comparten, han manifestando públicamente en prensa su firme voluntad de llevar el contencioso legal hasta el Tribunal Constitucional, si fuese necesario.

Según declaraciones parecidas en el diario EXPANSION, tanto Juan Carlos Estévez, como Antonio Alvarez-Buylla dejan muy claro que la resolución no se ajusta a Derecho y que la argumentación asentada en el Real Decreto-Ley 5/2010, lejos de introducir un criterio de proporcionalidad en la minuta de los procuradores, lo que hace es introducir el principio de limitación por tope máximo, concluyendo ambos en que lo que introduce el auto es, sobre todo, inseguridad jurídica.